Préstamos P2P y crowdfunding financiero en Perú: qué regula la ley y qué queda fuera

Si buscas invertir en un proyecto a través de una plataforma de financiamiento colectivo, o si te ha llegado la publicidad de una app que promete prestarte dinero “entre personas” en minutos, conviene saber algo antes de dar el siguiente paso: no todo lo que se llama “P2P” o “crowdfunding” en Perú está regulado de la misma forma, y algunas de esas apps no están reguladas en absoluto.

Dato clave: a inicios de 2025 solo 3 plataformas de financiamiento participativo financiero seguían autorizadas por la SMV en todo el país, luego de que otras 2 dejaran de operar en pocos meses. Fuera de ese registro, cualquier app que preste dinero o capte fondos del público sin autorización de la SBS opera sin supervisión, sin importar cómo se presente.

¿Qué es el financiamiento participativo financiero y cómo funciona?

En Perú, el crowdfunding financiero tiene nombre legal propio: financiamiento participativo financiero (FPF). El marco nace con el Decreto de Urgencia 013-2020, que creó el régimen jurídico, y se desarrolla con el Reglamento de la Actividad de Financiamiento Participativo Financiero, aprobado por la SMV mediante la Resolución de Superintendente 045-2021-SMV/02 (20 de mayo de 2021).

La SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) es el regulador, y reconoce dos modalidades:

FPF de valores: una empresa capta dinero de varios inversionistas a cambio de acciones o instrumentos de deuda.
FPF de préstamos: los inversionistas entregan fondos que la empresa o persona receptora se compromete a devolver con intereses. Esta es la modalidad más parecida a lo que se conoce fuera de Perú como préstamos P2P (peer to peer).

Para operar cualquiera de las dos, una empresa debe constituirse como sociedad administradora de plataforma de financiamiento participativo financiero y cumplir requisitos concretos:

Capital social mínimo de S/ 300,000 y patrimonio neto equivalente a ese nivel de forma permanente.
Segregar el dinero de los inversionistas de las cuentas propias de la empresa.
Aplicar controles de verificación de identidad y prevención de lavado de activos.
Respetar límites de participación por inversionista, pensados para que nadie concentre un riesgo excesivo en un solo proyecto.
No garantizar rentabilidad ni devolución del capital, y no participar directamente en los proyectos que financia.

La SMV otorga primero una autorización de organización (un año) y, si la empresa cumple, una autorización de funcionamiento indefinida. Solo con esa autorización vigente una plataforma puede usar legalmente el nombre de financiamiento participativo financiero en Perú.

Los vacíos que el marco actual no cierra

El reglamento de la SMV cubre bien a las plataformas que se registran bajo esa figura, pero dos zonas grises quedan fuera de su alcance.

Las restricciones del propio reglamento limitan el crecimiento del sector regulado. El tope de financiamiento por proyecto es de 500 UIT (unos S/ 2.75 millones con la UIT 2026), un monto que especialistas del sector consideran insuficiente para proyectos inmobiliarios de mayor escala. A eso se suma un capital mínimo más alto que el exigido a plataformas similares en Europa y la restricción de financiar solo a empresas peruanas para uso de fondos dentro del país. El resultado visible: de 5 plataformas activas a inicios de 2025, quedaron 3 en pocos meses, entre cierres voluntarios y revocaciones de la SMV por inactividad.
Las apps de “préstamos entre personas” que no pasan por la SMV ni por la SBS operan en un vacío real, no regulatorio en el sentido técnico, sino de supervisión. La Ley General del Sistema Financiero (Ley 26702) exige autorización previa a cualquier entidad que capte fondos del público o coloque crédito de forma habitual. Muchas apps de préstamos rápidos que circulan en tiendas de aplicaciones no tienen esa autorización, ni tampoco la de la SMV como plataforma FPF: simplemente no encajan en ningún registro. La SBS puede advertir sobre ellas, pero no supervisarlas ni sancionarlas de la misma forma que a una entidad autorizada, porque formalmente no son parte del sistema que fiscaliza.

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Este segundo vacío no es teórico. En julio de 2026 la SBS advirtió públicamente sobre aplicativos como Monedaya pro, Mano Préstamo, Yapi Cash, Acreditaya, CreContigo y Sol Dinero, que piden acceso a contactos, fotos y videos del celular al instalarse y luego los usan para amenazar a los usuarios con difundir información personal si no pagan. La SBS fue explícita: estas apps operan sin su autorización ni supervisión.

Un avance paralelo que no es lo mismo que regular el P2P

En 2026 la SBS sí avanzó en cerrar un vacío relacionado, aunque distinto: el de las fintech que intermedian productos bancarios sin que existiera claridad sobre quién responde ante el usuario. Con la Resolución SBS 01371-2026 (consulta pública desde mayo de 2026) y su versión final, la Resolución SBS 01747-2026 (julio de 2026), se aprobó el reglamento de Banking as a Service (BaaS): bancos y emisores de dinero electrónico ya pueden ofrecer cuentas, préstamos, pagos y transferencias a través de apps de terceros, pero la entidad financiera conserva la responsabilidad regulatoria ante el cliente y ante la SBS.

El propio superintendente Sergio Espinosa reconoció el problema que buscaba resolver esta norma: “podemos sancionar a bancos, cajas y financieras, pero no tenemos la facultad de multar a fintech no supervisada”. Esa frase marca el límite exacto del avance:

El BaaS ordena la relación entre bancos, cajas o emisores de dinero electrónico y las apps que distribuyen sus productos, no la actividad de préstamos entre particulares.
La entidad financiera detrás de la app sigue siendo la responsable ante el cliente y ante la SBS, algo que antes no estaba definido con claridad.
La norma no le da a la SBS ninguna facultad nueva para supervisar directamente a una app de préstamos independiente que no trabaja con ningún banco autorizado detrás, como las advertidas en julio de 2026.

Errores comunes al evaluar una plataforma P2P o de crowdfunding

Asumir que cualquier app con la palabra “préstamo” o “inversión” en su nombre está regulada. Solo lo están las que figuran en el registro de sociedades administradoras de plataformas FPF de la SMV.
Confundir una plataforma de crowdfunding autorizada con una app de préstamos rápidos entre particulares: la primera tiene reglas de capital, segregación de fondos y límites de inversión; la segunda, en muchos casos, no tiene ninguna.
Entregar acceso a contactos, fotos o galería a una app de préstamos sin revisar antes si aparece en alertas de la SBS o comentarios verificables de otros usuarios.
Invertir en un proyecto de crowdfunding pensando que la plataforma garantiza la devolución del capital: el reglamento de la SMV prohíbe explícitamente esa garantía, porque el riesgo del proyecto lo asume el inversionista.
No verificar si la plataforma sigue con autorización vigente antes de invertir: la SMV puede revocar autorizaciones por inactividad u otras causas, como ocurrió con al menos una plataforma en 2025.

Qué hacer con esta información en la práctica

Antes de invertir dinero o pedir un préstamo por una plataforma que no conoces bien, revisa estos puntos:

Busca a la plataforma en el registro de sociedades administradoras de plataformas FPF del portal de la SMV y confirma que su autorización sigue vigente, no solo que alguna vez la tuvo.
Si vas a pedir un préstamo por una app, verifica primero si la SBS la ha nombrado en alguna alerta pública sobre cobranza abusiva o falta de autorización.
Desconfía de cualquier aplicativo, autorizado o no, que pida acceso a tus contactos, fotos o galería como condición para evaluar tu solicitud: ninguna plataforma seria lo necesita.
Si vas a invertir, recuerda que ninguna plataforma de FPF puede garantizarte legalmente la devolución de tu capital; el riesgo del proyecto siempre lo asume el inversionista.

Preguntas frecuentes

¿El financiamiento participativo financiero (crowdfunding) es lo mismo que pedir un préstamo por una app?
No necesariamente. El FPF de préstamos es una modalidad específica, supervisada por la SMV, en la que varios inversionistas financian a una empresa o proyecto. Muchas apps de préstamos rápidos no operan bajo esta figura ni bajo ninguna autorización de la SBS.

¿Qué gano invirtiendo a través de una plataforma autorizada por la SMV en lugar de un préstamo informal entre conocidos?
La plataforma autorizada está obligada a segregar tus fondos, aplicar límites de participación y no puede garantizarte falsamente la devolución del capital; un acuerdo informal no tiene ninguna de esas protecciones ni supervisión de por medio.